Van a cumplirse casi dos meses desde que Mariano Rajoy accedió -21/12/2011- al puesto de Presidente del Gobierno de España. No se han cumplido, pues, los cien días clásicos de cortesía político-parlamentaria que suele darse a los gobernantes entrantes. En este caso, no ha existido tal cortesía, y es lógico, pues, “circunstantiae species mutant”, las circunstancias transforman la especie, que decían los tomistas. Y son tales las circunstancias económicas y sociales, tan drásticas y tan apremiantes que han tenido que ponerse a gobernar desde el primer día, siendo lo que, por otra parte, era de esperar.
El programa que presentó el Presidente Rajoy tenía muy buena música, pero, ahora, en el devenir diario de la gobernanza, le va implementando con la correspondiente letra. Y aquí es donde quiero fijar hoy mis impresiones.
El Gobierno ha tomado ya una serie de medidas, que afectan a diversos campos (Administraciones Públicas, sistema económico-financiero y legislación laboral). Mi impresión particular es que el conjunto de las medidas adoptadas denotan que en la Mesa del Consejo de Ministros hay consciencia de la gravedad de la situación. En base a ello, las medidas que han tomado o se han visto obligados a tomar tienen que ser las adecuadas para intentar afrontar tal situación. Vayamos por partes.
En cuanto a la corrección del déficit de las Administraciones Públicas se han adoptado decisiones duras, teniendo en cuenta la desviación del déficit. El Gobierno socialista anterior previó un 6% y, parece ser, llegará o sobrepasar el 8%. Esto traducido en euros supone la necesidad de rebajar muchos miles de millones, más de los previstos, para poder llegar al próximo al 4,4% concertado con Europa para 2013. Opino que las medidas legales y administrativas adoptadas van en esa dirección, pero, se quedan cortas. No ha habido voluntad política de poner sobre la mesa la etiología del mal. Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos son la causa, en un porcentaje bastante elevado, del déficit que nos aflige. Y no se ha sabido aplicar la terapia necesaria para que este problema se elimine. En lo que mantengamos la actual infraestructura territorial, con la deriva que ha tomado, será imposible atajar estructuralmente el déficit público.
Algo parecido sucede en el mundo financiero. Las medidas adoptadas suenan bien, pero, necesitan más orquestación. El gran cáncer está, como todo el mundo sabe, en las Cajas de Ahorro. Han sido el nido a cuyo amparo han vivido “holgadamente” (en el primer significado que da al concepto holgar la RAE, aunque se le pueden aplicar algunos más de los que sabio Organismo enumera) los políticos provinciales, y por donde se han nutrido las arcas de los partidos políticos. Hay políticos que se les llena la boca lanzando diatribas contra el gran capital y contra el sistema financiero (léase, entre otros, Llamazares) y resulta que en el Consejo de Administración de las Cajas tienen asiento peones –pero con sueldo de reyes- de su mismo color político. Hay que reducir, aún más, el número de Cajas para que el sistema financiero español sea valorado positivamente en “los mercados” internacionales. Hay que controlar y exigir más a las entidades bancarias o de ahorro que han necesitado ayudas públicas o que vayan a necesitarlo. Una buena medida ha sido meter la tijera en el sueldo y bonificaciones de los directivos.
La economía no funcionará nunca si no hay un apoyo grande a la mediana y pequeña empresa. Hay dos aspectos fundamentales al respecto: No grabarles onerosamente con las contingencias comunes y de seguridad social y, también, propiciar que fluyan los créditos bancarios para que puedan financiar el arranque y funcionamiento de dichas empresas. El dinero va llegando, pero se queda en los bancos. Hay que sanear primero –dicen- la red bancaria y de cajas de ahorro, para que posteriormente pueda circular el crédito a particulares y empresas. Pero, ¿cuándo será eso?. Otra buena medida ha sido la de rebajar un 20% a las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicales. Quizá corta.
Las medidas hasta aquí adoptadas han provocado diversas reacciones en los agentes sociales, círculo de empresarios y sindicatos, pero, no habían levantado excesivamente la voz de la protesta. Eran conscientes de la situación heredada del anterior gobierno y del apremio de la Unión Europea y de los mercados internacionales. Donde sí han saltado como una espoleta ha sido al leer –incluso antes de ser publicadas- las medidas adoptadas en el ámbito laboral. A primer vista, entiendo que ha sido necesario adoptar las que se han adoptado, pues, están mirando, por un lado, a que haya una mayor flexibilidad en la dinámica interna de las empresas a la hora de contratar, ajustándose a sus índices de productividad, y, por otro, a intentar, a medio plazo, que empiece a dinamizarse la economía y puedan surgir nuevos puestos de trabajo y adelgace el número lacerante y cruel de los cinco millones casi y medio de desempleados que se sufre actualmente. Y, ¿por qué han saltado los sindicatos como una espoleta, ante estas medidas? No lo hicieron al saber la rebaja del referido 20% en las subvenciones –les resultaba fuerte protestar, con la que está cayendo en el resto de los sectores-, pero, ante las medidas legales en materia laboral sí lo han hecho. Y la causa es decepcionante: Olvidándose de los millones de parados que podrían beneficiarse –aunque está por ver cómo y en qué número- del nuevo planteamiento legal, les ha escocido sobremanera la pérdida de influencia que en el futuro tendrán en las relaciones laborales. El Gobierno, con buen criterio, ha flexibilizado la relación empresa-trabajador, ajustando las condiciones a la situación concreta de productividad de la empresa y descolgándose de la normativa férrea de los Convenios Colectivos, que hacían que una pequeña empresa tuviese que acogerse a que esa relación fuese la diseñada para todo el sector."Las empresas -dice la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez- deben ser capaces de adaptar rápidamente unas estructuras productivas a los cambios en la demanda y en la oferta". Esta nueva situación legal ha despertado de su acedia a los sindicatos, y ahí los tenemos –como en ellos es costumbre- sirviendo de correa de transmisión a los partidos políticos de la oposición –sobre todo a los de la izquierda- movilizando a la gente para “salir y ocupar la calle”. Viejo truco que esta vez difícilmente les va a funcionar.
Los españoles hoy somos, en general, muy conscientes de la situación actual. Los que tenemos la suerte de tener un puesto de trabajo no podemos olvidar a los que están en las largas colas del paro –repito, casi cinco millones y medio- que con estas medidas pueden ver más fácil acceder a un empleo. Por eso, los sindicatos se lo están pensando dos veces. Al no estar seguros del éxito de una convocatoria de huelga general a nivel estatal, han amenzado, vilmente, con ensayar a nivel de la Comunidad de Madrid. Curiosa y paradógicamente una de las pocas, si no la única, Comunidada Autónoma que crece muy poco, pero algo, y que crea algún puesto de trabajo. Difícil lo tienen los sindicatos para convencer al personal y echarse a la calle, cuando todos sabemos que durante los siete u ocho años anteriores –donde se ha ido gestando ese ingente número de parados- no han hecho nada por denunciarlo, sino que, al contrario, han vivido de la sopa boba –pero muy enjundiosa económicamente, para ellos- de los cursos a los desempleados y en las administraciones públicas, de su participación en los ERE, de su participación en la gestión de los planes de pensión de los funcionarios, etc.
En fín, el partido popular no ha hecho sino empezar su andadura al frente del Gobierno y todavía es prematuro juzgar su actuación. Mas, una cosa es clara: Tiene la confianza de la mayoría de los españoles para aplicar todas y cada una de las medidas que crea necesarias para salir cuanto antes de la crisis. Solucionar la crisis y crear puestos de trabajo que rebajen el número de parados es su tarea primordial, aunque haya muchísimos más campos que necesiten su atención. Si esta ardua tarea la llevan a cabo con transparencia, comunicando a los ciudadanos las situaciones concretas y la razón y necesidad de las medidas que adoptan, de poco servirá el estilo “callejero” de los obsoletos sindicatos y las argucias de los que, desde la trastienda, mueven sus hilos.
El programa que presentó el Presidente Rajoy tenía muy buena música, pero, ahora, en el devenir diario de la gobernanza, le va implementando con la correspondiente letra. Y aquí es donde quiero fijar hoy mis impresiones.
El Gobierno ha tomado ya una serie de medidas, que afectan a diversos campos (Administraciones Públicas, sistema económico-financiero y legislación laboral). Mi impresión particular es que el conjunto de las medidas adoptadas denotan que en la Mesa del Consejo de Ministros hay consciencia de la gravedad de la situación. En base a ello, las medidas que han tomado o se han visto obligados a tomar tienen que ser las adecuadas para intentar afrontar tal situación. Vayamos por partes.
En cuanto a la corrección del déficit de las Administraciones Públicas se han adoptado decisiones duras, teniendo en cuenta la desviación del déficit. El Gobierno socialista anterior previó un 6% y, parece ser, llegará o sobrepasar el 8%. Esto traducido en euros supone la necesidad de rebajar muchos miles de millones, más de los previstos, para poder llegar al próximo al 4,4% concertado con Europa para 2013. Opino que las medidas legales y administrativas adoptadas van en esa dirección, pero, se quedan cortas. No ha habido voluntad política de poner sobre la mesa la etiología del mal. Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos son la causa, en un porcentaje bastante elevado, del déficit que nos aflige. Y no se ha sabido aplicar la terapia necesaria para que este problema se elimine. En lo que mantengamos la actual infraestructura territorial, con la deriva que ha tomado, será imposible atajar estructuralmente el déficit público.
Algo parecido sucede en el mundo financiero. Las medidas adoptadas suenan bien, pero, necesitan más orquestación. El gran cáncer está, como todo el mundo sabe, en las Cajas de Ahorro. Han sido el nido a cuyo amparo han vivido “holgadamente” (en el primer significado que da al concepto holgar la RAE, aunque se le pueden aplicar algunos más de los que sabio Organismo enumera) los políticos provinciales, y por donde se han nutrido las arcas de los partidos políticos. Hay políticos que se les llena la boca lanzando diatribas contra el gran capital y contra el sistema financiero (léase, entre otros, Llamazares) y resulta que en el Consejo de Administración de las Cajas tienen asiento peones –pero con sueldo de reyes- de su mismo color político. Hay que reducir, aún más, el número de Cajas para que el sistema financiero español sea valorado positivamente en “los mercados” internacionales. Hay que controlar y exigir más a las entidades bancarias o de ahorro que han necesitado ayudas públicas o que vayan a necesitarlo. Una buena medida ha sido meter la tijera en el sueldo y bonificaciones de los directivos.
La economía no funcionará nunca si no hay un apoyo grande a la mediana y pequeña empresa. Hay dos aspectos fundamentales al respecto: No grabarles onerosamente con las contingencias comunes y de seguridad social y, también, propiciar que fluyan los créditos bancarios para que puedan financiar el arranque y funcionamiento de dichas empresas. El dinero va llegando, pero se queda en los bancos. Hay que sanear primero –dicen- la red bancaria y de cajas de ahorro, para que posteriormente pueda circular el crédito a particulares y empresas. Pero, ¿cuándo será eso?. Otra buena medida ha sido la de rebajar un 20% a las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicales. Quizá corta.
Las medidas hasta aquí adoptadas han provocado diversas reacciones en los agentes sociales, círculo de empresarios y sindicatos, pero, no habían levantado excesivamente la voz de la protesta. Eran conscientes de la situación heredada del anterior gobierno y del apremio de la Unión Europea y de los mercados internacionales. Donde sí han saltado como una espoleta ha sido al leer –incluso antes de ser publicadas- las medidas adoptadas en el ámbito laboral. A primer vista, entiendo que ha sido necesario adoptar las que se han adoptado, pues, están mirando, por un lado, a que haya una mayor flexibilidad en la dinámica interna de las empresas a la hora de contratar, ajustándose a sus índices de productividad, y, por otro, a intentar, a medio plazo, que empiece a dinamizarse la economía y puedan surgir nuevos puestos de trabajo y adelgace el número lacerante y cruel de los cinco millones casi y medio de desempleados que se sufre actualmente. Y, ¿por qué han saltado los sindicatos como una espoleta, ante estas medidas? No lo hicieron al saber la rebaja del referido 20% en las subvenciones –les resultaba fuerte protestar, con la que está cayendo en el resto de los sectores-, pero, ante las medidas legales en materia laboral sí lo han hecho. Y la causa es decepcionante: Olvidándose de los millones de parados que podrían beneficiarse –aunque está por ver cómo y en qué número- del nuevo planteamiento legal, les ha escocido sobremanera la pérdida de influencia que en el futuro tendrán en las relaciones laborales. El Gobierno, con buen criterio, ha flexibilizado la relación empresa-trabajador, ajustando las condiciones a la situación concreta de productividad de la empresa y descolgándose de la normativa férrea de los Convenios Colectivos, que hacían que una pequeña empresa tuviese que acogerse a que esa relación fuese la diseñada para todo el sector."Las empresas -dice la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez- deben ser capaces de adaptar rápidamente unas estructuras productivas a los cambios en la demanda y en la oferta". Esta nueva situación legal ha despertado de su acedia a los sindicatos, y ahí los tenemos –como en ellos es costumbre- sirviendo de correa de transmisión a los partidos políticos de la oposición –sobre todo a los de la izquierda- movilizando a la gente para “salir y ocupar la calle”. Viejo truco que esta vez difícilmente les va a funcionar.
Los españoles hoy somos, en general, muy conscientes de la situación actual. Los que tenemos la suerte de tener un puesto de trabajo no podemos olvidar a los que están en las largas colas del paro –repito, casi cinco millones y medio- que con estas medidas pueden ver más fácil acceder a un empleo. Por eso, los sindicatos se lo están pensando dos veces. Al no estar seguros del éxito de una convocatoria de huelga general a nivel estatal, han amenzado, vilmente, con ensayar a nivel de la Comunidad de Madrid. Curiosa y paradógicamente una de las pocas, si no la única, Comunidada Autónoma que crece muy poco, pero algo, y que crea algún puesto de trabajo. Difícil lo tienen los sindicatos para convencer al personal y echarse a la calle, cuando todos sabemos que durante los siete u ocho años anteriores –donde se ha ido gestando ese ingente número de parados- no han hecho nada por denunciarlo, sino que, al contrario, han vivido de la sopa boba –pero muy enjundiosa económicamente, para ellos- de los cursos a los desempleados y en las administraciones públicas, de su participación en los ERE, de su participación en la gestión de los planes de pensión de los funcionarios, etc.
En fín, el partido popular no ha hecho sino empezar su andadura al frente del Gobierno y todavía es prematuro juzgar su actuación. Mas, una cosa es clara: Tiene la confianza de la mayoría de los españoles para aplicar todas y cada una de las medidas que crea necesarias para salir cuanto antes de la crisis. Solucionar la crisis y crear puestos de trabajo que rebajen el número de parados es su tarea primordial, aunque haya muchísimos más campos que necesiten su atención. Si esta ardua tarea la llevan a cabo con transparencia, comunicando a los ciudadanos las situaciones concretas y la razón y necesidad de las medidas que adoptan, de poco servirá el estilo “callejero” de los obsoletos sindicatos y las argucias de los que, desde la trastienda, mueven sus hilos.
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