"No es ésto, no es ésto", afirmó José Ortega y Gasset ante el desarrollo de la que, en principio, él creyó esperanzadora II República española. Las circunstancias no son las mismas, pero, lo cierto es que hoy muchos españoles podemos repetir la frase de Ortega ante lo que está sucediendo en España, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó las riendas del poder ejecutivo.
Muchos españoles se encuentran hoy desencantados, pues, esperaban del PP una dinámica de gobernación muy diferente de la inmediatamente precedente. Durante los 3 años y pico, anteriores a su toma de posesión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había dicho una cosa y su contraria, defendido una idea y la opuesta, clamado por el estado de bienestar y recortado los derechos sociales y económicos de los menos pudientes. Y así, sucesivamente. Desde el mes de mayo de año 2010, cuando España estuvo quebrada, y Europa salió a su rescate e impuso unas condiciones y requisitos totalmente contrarios al ideario socialista plasmado en su programa electoral, el gobierno de Zapatero hizo aguas y malduró hasta mediados del año siguiente en que, obligatoriamente, tuvo que convocar elecciones. Entre tanto, dudas, vacilaciones, proclamar unas políticas y desarrollar otras distintas; ésto fue la nota dominante de aquel gobierno, sin olvidar -no por indicarlo al final lo menos importante- los casi 5 millones de parados que dejó.
Ante el panorama expuesto, los españoles votaron por mayoría absoluta al Partido Popular, cuya cabeza electoral era Mariano Rajoy. La gente esperaba de él un hombre previsible en su decisiones -así se autodefinió-, un hombre serio que cogería el problema por su raíz y abordaría la solución de una vez por todas, diciendo, clara y transparentemente lo que había y lo que había que hacer y por qué tenía que hacerlo. Se esperaba que si se había presentado en las elecciones con un programa, éste se cumpliese de la a la z; se esperaba que si había que tomar medidas, se tomasen y se ejecutasen de una vez, no en pequeñas dosis que pudieran parecer intentos de adormecer las reivindicaciones sociales; se esperaba transparencia y verdad en todas y cada una de las políticas que hubiere necesidad de adoptar. Mas, no ha sucedido así.
Empezó no muy bien, Mariano Rajoy, cuando tras alabar y premiar el traspaso de poderes que le hizo el Partido Socialista, a los pocos días se despachó diciendo que habían sido engañados y que el déficit era casi tres puntos superior al anunciado por ZP. ¿Era toda la verdad? Muchos creyeron, ingenuamente, que había sido un engaño del anterior gobierno. Otros, sin embargo, dudaron, razonablemente, toda vez que las dos Comunidades Autónomas más endedudas estaban en ese momento en manos del PP, Valencia y Castilla la Mancha. Esta última, no hacía mucho tiempo, cierto, pero el suficiente para saber cual era su situación real. Si Zapatero negó en el 2007 hasta la citada fecha de mayo de 2010 que estábamos inmersos en una crisis, una gran cris, Rajoy lleva negando desde que alcanzó la Presidencia del Gobierno que necesitamos, imperiosa e inesquivablemente, el rescate de la Unión Europea y que ya hemos empezado a ser rescatados. Si ZP en mayo de 2010 adoptó -obligado por Europa- unas medidas antisociales, contrarias, repito, a su programa electoral, Rajoy ha negado su propio programa en que la NO subdida de impuestos era su banderín de enganche electoral, pues, decía -durante la campaña electoral y acorde con el clásico lema liberal- que la subida de impuestos no crearía puestos de trabajo. El socialista bajó un 5%, de media, el sueldo de los funcionarios en junio de 2010 y congeló los salarios en enero de 2011, creyendo que sería la medida mágica para contener el déficit público. El popular ha mantenido en 2012 la congelación salarial y ha quitado la paga extraordinaria a los funcionarios. Y así, más.
Es cierto que la medida primera a tomar, dada la asfixiante situación económica y financiera, era frenar el déficit público. El no hacerlo supondría mayor deuda pública y ésta comportaría, a su vez, mayor crecimiento del déficit. Abordar la solución del déficit público del Estado, en su conjunto, es una operación quirúrgica necesaria para un cáncer, el déficit, de ingente magnitud. Cierto, pero eso no se puede lograr con una terapia de aspirina o paracetamol. Si hay cáncer hay que aplicar quimioterapia y/o bisturí. El cáncer del déficit está fijado -y así lo reconocemos en España la gran mayoría de lo españoles- en las despilfarradoras Comunidades Autónomas, en las Diputaciones Provinciales y en los Ayuntamientos (también en las Cajas de Ahorro, pero, ahora no me fijo en ellas, ya que se ha dado -de momento- una solución financiera a la situación). Estamos, pues, ante un problema estructural, pues, tiene su origen en el mal logrado Título VIII de la Constitución que diseñó tal estructura territorial. Se han creado, además del Estado central, 17 miniestados autonómicos, con duplicidad de todos los órganos e instituciones de aquel. El Estado y las Autonomías han creado miles de empresas públicas, la gran mayóría de ellas innecesarias y deficitarias, por decirlo suavemente. Se han trasferido a las Autonomías competencias, en principio, estatales, como educación y Sanidad, que no había que haber transferido. Las Diputaciones han solapado y duplicado estructuras y servicios que tienen, también, las Autonomías. Los Ayuntamientos han creado puestos innecesarios de concejales, además de sus propias empresas públicas y fundaciones de todo calibre. Unas y otras, las instituciones territoriales citadas tienen bajo su poder una o varias cadenas de televisión, que no son más que "la voz de su amo", pero, que dan cobijo a miles de empleados innecesarios, como innecesaria es la tarea de los entes. En todas las Administraciones citadas se ha saltado por alto los principios de mérito y publicidad y se han metido a saco empleados públicos, por motivos puramente clientelares. Tal ha sido la cantidad que el común de la gente ha confundido el concepto "funcionario" y, en vez de reservar este término para el ciudadano que ha sufrido y superado la pertinente convocatoria pública, extendiéndolo a todo aquel que trabaja para la Administración, aunque haya sido elegido digitalmente. La ciudadanía ha confundido empleado público -trabajador al servicio de la Administración- con funcionario público.
¿Dónde está el problema, pues? ¿Sólo en congelar y rebajar el salario a los empleados públicos? Esto es una mera cataplasma o parche Sor Virginia, pues, estamos ante una pulmonía doble que exige:
- Reestructurar, radicalmente, la distribución territorial del Estado, de tal manera que no sigamos con los actuales miniestados y eliminemos, entre otros: Los 17 defensores del pueblo de las CC. AA; las embajadas que las CC.AA tienen en casi todos los países; los defensores del menor autonómicos; las comunidades autónomas uniprovinciales; las televisiones autonómicas; los cientos de consejeros y asesores -ojo, no funcionarios- que no tienen nada que aconsejar o lo hacen muy mal a la luz del déficit presupuestario que sufren; los coches oficiales, las tarjetas Visa, los teléfonos móviles....
- Eliminar todas las instituciones y entes -constitucionales y administrativos; públicos en general- innecesarios, como, por ejemplo: El Senado, las Diputaciones Provinciales, reagrupar Ayuntamientos pequeños.
Parece ser que ya empieza a surgir un cierto movimiento "social", consciente de la situación y de la necesidad de abordar cuanto antes una reforma constitucional, por los problemas referidos, entre otros. Hace falta, en esta Nación, que surja una serie de mentes privilegiadas que, independientemente del color partidista de turno, se unan generosamente e intenten darnos otro marco constitucional, como se hizo en la Transición. A la par, hace falta que los grandes partidos dejen de ponerse piedras y palos en los radios de las ruedas y acometan, conjuntamente, una reedición de Los Pactos de la Moncloa. Hace falta embridar a las Comunidades Autónomas, adelgazando sus estructuras y competencias, y sometiéndolas, económica, financiera y fiscalmente a las normas del Estado. En España, somos muchos, cada día más, los que, con independencia del color ideológico, nos vamos dando cuenta de que por aquí van los tiros. Pedimos que nuestros políticos sean capaces de verlo y de no anteponer sus prebendas actuales, sus sabrosísimas posiciones económico-familiares a los intereses generales de la Nación. Hay que hacer éso y mucho más o, de lo contrario, se hunde este barco.
España se ha salvado de otras peores. Puede salvarse ahora si todos, pero, especialmente los políticos, somos capaces de afrontar los problemas, en su raíz. Tienen tarea por delante y si la afrontan dejarán de ser el tercer problema -vergüenza da escribirlo- que tenemos los españoles, según dicen varias encuestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario