“En el debate sobre el Estado autonómico se ha alcanzado un nivel de confusión que debemos despejar lo antes posible. Un nivel de confusión que nace de la moda de debatir sobre estereotipos, eslóganes y prejuicios, en lugar de hacerlo sobre análisis detallados, estudios sólidos y juicios solventes.
El estudio que hoy presentamos no ayudará en nada a los amantes del eslogan estruendoso, porque es fruto de un trabajo concienzudo obra de tres personas expertas y serias. Quiero dar las gracias a los tres autores: a Julio Gómez-Pomar, a Mario Garcés y a Gabriel Elorriaga, porque trabajos como éste son la base que necesitamos para que el debate político en España se apoye en datos y argumentos y pueda así elevarse desde el ínfimo nivel al que algunos lo han rebajado.
Porque, en buena medida, nuestro futuro como nación va a depender de que sepamos abordar en serio los debates realmente importantes. Y entre ellos destaca la necesidad de una profunda reforma de nuestro modelo de gestión territorial para hacer lo que otros países, comenzando por Alemania, ya han hecho recientemente: transformarlo en un activo económico y social que ayude a generar progreso y bienestar y que vertebre mejor al conjunto del país.
Quiero aprovechar la presentación de este magnífico Informe de FAES para exponer muy brevemente tres razones que hacen inaplazable un debate serio y profundo sobre la reforma de nuestro Estado autonómico. Tres razones que no agotan los argumentos a favor de esta iniciativa pero que, a mi juicio, son suficientes para mostrar su importancia.
En primer lugar, me parece esencial señalar que la reforma del Estado autonómico no es sólo ni principalmente un asunto local, como algunos pretenden. Muy al contrario, es un asunto de política nacional y ya se ha convertido en un tema inaplazable de política europea de primera magnitud.Lo es porque el proyecto de moneda común, que es el euro, tiene que avanzar hacia nuevos compromisos de gobernanza, de disciplina presupuestaria y de competitividad de los que deben responsabilizarse todos los niveles de la Administración.
En este nuevo contexto europeo, con exigencias perentorias, el rendimiento económico e institucional de España debe mejorar sustancialmente. El rendimiento económico y el institucional no se pueden conseguir el uno sin el otro. Hoy menos que nunca. La renuncia a cualquiera de ellos será un lastre para el conjunto.
Alemania, modelo a seguir
Hace ya algunos años, Alemania, una nación con estructura federal, con unos estados federados, por cierto, con menos competencias que nuestras comunidades autónomas, inmersa por entonces en una dura crisis económica, llegó a la conclusión de que el funcionamiento defectuoso de su modelo federal bloqueaba la adopción de las reformas necesarias para el país y frenaba su modernización.
Alemania llegó a la conclusión de que su modelo de organización territorial necesitaba reformas. Reformas para hacer posible el gobierno para todos los alemanes, gobernara quien gobernara. Y reformas también para evitar solapamientos, duplicidades y, por tanto, una fuerte sobrecarga de gasto público, es decir, de impuestos, con lo que ello representa de dificultad para competir en la Europa del euro.
Las dos grandes fuerzas políticas alemanas acordaron una reforma constitucional que mejoró notablemente el gobierno de la nación. Se trata de un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en una nación europea mediante fórmulas de amplio consenso político.
El nacionalismo y la izquierda, en busca del “desbordamiento de la Constitución”
Hoy, buena parte de la atención de nuestros socios europeos y de las principales instituciones económicas de todo el mundo está puesta en cómo pensamos resolver los españoles los problemas que se manifiestan en nuestro modelo de organización territorial.
Porque en estas circunstancias, pensar que basta con seguir haciendo política de vuelo corto con el modelo autonómico sería sencillamente dar la espalda a los problemas. Así han venido haciéndolo en nuestro país los que tenían que abordarlos, con los resultados que todos sufrimos.
En este debate, confieso que cuesta recibir lecciones de autonomismo de los que no han dejado de proclamar que el modelo autonómico de la Constitución es una fórmula caduca e incluso un obstáculo para la convivencia. Me refiero, como pueden suponer, al nacionalismo independentista y a la izquierda que ha buscado el desbordamiento de la Constitución para imponer por la puerta de atrás una fórmula confederal en España.
Comenzaré por recordar que el informe de FAES que hoy presentamos lleva por título
‘Por un Estado autonómico racional y viable’.
Eso quiere decir que, en mi opinión, y me gustaría subrayarlo, las Comunidades Autónomas no son un problema. Lo que ocurre es que las Comunidades Autónomas "tienen" problemas. Problemas que es necesario resolver.
Negar que las Comunidades Autónomas tienen problemas graves que hay que abordar de inmediato es hacer un ejercicio de irresponsabilidad impropio de un país serio y que aspire a proyectar confianza. Si queremos seguir formando parte del proyecto europeo debemos resolver, entre otros, los problemas de nuestro Estado autonómico, porque de lo contrario tendremos dificultades crecientes para seguir anclados en el euro. Y eso supondría para España ver amenazada gravemente su condición de socio europeo de primera y pasar a ser socio de segunda.
Es decir, supondría dejar de contar en Europa, quedar fuera de las grandes decisiones europeas, y abandonar una de las claves de prosperidad y de modernización de nuestro país desde 1978, una clave de prosperidad insustituible.
Por tanto, la primera razón para reformar el funcionamiento de nuestro Estado autonómico es que queremos seguir siendo protagonistas del proyecto europeo. Y el proyecto europeo necesita que España lo haga tan bien como sabe hacerlo.
La segunda reflexión que a mi juicio debe enmarcar el debate sobre el modelo territorial es que nuestro sistema de bienestar está encomendado a las Comunidades Autónomas. Y por cierto, me precio de que bajo mi Gobierno, y con pleno consenso, se completaron las transferencias de Sanidad y Educación a todas las Comunidades Autónomas, con la voluntad política de culminar nuestro modelo autonómico.
Hoy, por razones de eficiencia, de equidad y de coherencia política, necesitamos poner al día este modelo para garantizar plenamente su futuro. Han sido las comunidades autónomas las responsables de desarrollar y gestionar las principales políticas de bienestar en las últimas décadas. Por eso debatir sobre los problemas del modelo autonómico es mucho más que recrear los debates identitarios, aunque a algunos les parezca entretenido dedicarse sólo a esos asuntos.
Son problemas que afectan de lleno a nuestro modelo de bienestar y que, por ello, afectan a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades que una democracia avanzada debe asegurar. Se trata de garantizar que todas las administraciones trabajen al servicio de todos los españoles.
En consecuencia, la segunda razón para reformar el funcionamiento del Estado autonómico es ésta: para asegurar el futuro de nuestra sociedad de bienestar. Si no estamos a la altura de las reformas que exige el modelo autonómico, será nuestra sociedad de bienestar la que pague las consecuencias.
Finalmente, como tercera reflexión, quiero reiterar la opinión que tuve ocasión de expresar hace algunos meses después de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el Estatuto de Cataluña. Tras la sentencia, creo que no es posible debatir con el rigor necesario acerca de nuestro modelo autonómico sin tener presente que el Tribunal ha fijado ya de manera inequívoca los límites jurídico-políticos del proceso descentralizador español.
A partir de ahí, se reconozca o no, el debate se sitúa en lo que el Consejo de Estado -en su
informe de febrero de 2006- llamó “la superación de la apertura del modelo autonómico”. En otras palabras, el modelo de Estado tiene una configuración constitucional definida y, por tanto, no puede quedar a merced del aventurerismo político de mayorías pasajeras. Un Estado puede ser muchas cosas pero, desde luego, no puede ser imprevisible.
Hay quienes, frente al Estado autonómico, exhiben su nostalgia premoderna por fórmulas confederales, ninguna de las cuales ha vivido para contarnos sus supuestas ventajas.
Hay quien sigue patrocinando un destructivo juego de suma negativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas que debilita a todos. Y, por supuesto, en este repertorio de despropósitos, hay quienes trabajan a favor de un Estado residual. Unos porque consideran que ese Estado residual es el único deseable y otros porque creen que es el único posible.
Pero nada de esto es la opción de la Constitución, y nada de esto es la opción de la ciudadanía. Bien al contrario, todas ellas son apuestas políticas temerarias y empobrecedoras. Y siempre propuestas de minorías, de minorías locales o políticas, no de mayorías sociales.
Necesitamos un Estado capaz de responder a las exigencias y a las expectativas de los
ciudadanos. Un Estado capaz de asegurar:
las reglas del juego,
la igualdad ante la ley y los tribunales;
las políticas de cohesión,
el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad a los servicios públicos,
y los derechos y libertades de todos y cada uno de los españoles en toda España.
Necesitamos un Estado capaz de impulsar las reformas necesarias, que pueda defender
de manera creíble nuestros intereses en el exterior. Lo necesitamos todos y lo necesitamos ya. Un Estado que encuentra su fundamento en la Nación como único sujeto soberano y en la Constitución como única fuente de legitimidad de sus poderes. Un Estado de lo común, de lo que afecta a todos, de lo que todos tenemos derecho a decidir, de lo que todos podemos legítimamente esperar de los demás.
Así pues, la tercera razón para reformar el funcionamiento de nuestro Estado autonómico es ésta: para hacer plenamente vigente la Constitución de 1978 y para preservar el derecho de la Nación española a decidir su propio destino libremente, a trabajar por su prosperidad y a permanecer unida.
Tenemos que evitar que la deriva de nuestro modelo autonómico anule las ventajas y
oportunidades de ser un país grande en Europa. Tampoco debemos desaprovechar el acierto para nuestra convivencia de la fórmula de organización territorial consagrada en nuestra Constitución, que es la de de un Estado descentralizado.
El objetivo debe ser el pleno aprovechamiento de las economías de escala para que los españoles compitan con éxito en el mundo globalizado. Porque España no puede competir ni en Europa ni en el mundo con unas Comunidades Autónomas aspirando a convertirse en mini-Estados. Simplemente, no es posible.
Al mismo tiempo, debemos estimular la competencia institucional entre las Comunidades Autónomas para mejorar el rendimiento de nuestro modelo territorial en beneficio de todos los españoles.
No podemos mostrarnos hacia el exterior como un territorio fragmentado, enfrentado, inseguro y escasamente previsible. Tampoco debemos convertir nuestra diversidad territorial en un viaje a ninguna parte impulsado por la obsesión de ser “igual de diferentes”, una ambición tan extravagante como paradójica.
Confío en que dentro de muy poco tiempo los españoles respaldarán en las urnas la búsqueda de un acuerdo ampliamente mayoritario en torno a la necesaria reforma de nuestro modelo autonómico. Estoy convencido de que el Informe que hoy presentamos constituye una contribución muy valiosa, fruto de la solvencia y el rigor intelectual de sus autores, que será apreciada por todos los que desean lo mejor para nuestro país”
