CRISIS ECONÓMICA Y SOLUCIÓN CONSTITUCIONAL -II-

CRISIS ECONÓMICA Y SOLUCIÓN CONSTITUCIONAL –II-


Continuando con los comentarios que exponía en este mismo blog el pasado día 19 de los corrientes, hemos de partir, hoy, de una afirmación generalmente bastante aceptada: La crisis ha puesto de manifiesto que debemos ineludiblemente reconstruir o reconfigurar España.Y ello en varios planos, como veremos a continuación.

Es necesario redefinir la configuración del Estado Autonómico, pues el actual diseño no se sostiene. Como está, seremos incapaces de superar la crisis actual. El déficit y endeudamiento tanto de las Comunidades Autónomas como de muchos de los 8108 Ayuntamientos no se pueden mantener e imposibilitan radicalmente cualquier atisbo de superación de la crisis. Como primer paso y aún manteniendo el diseño actual, se debería plasmar un nuevo diseño competencial del Estado autonómico que, basándose en el artículo 149 de la Constitución Española (CE), tuviese como conclusión una reafirmación y un afianzamiento de “la soberanía única del Estado español y que garantice la igualdad entre todos los españoles”. Esto traería, a su vez, como consecuencia, una reducción del déficit y endeudamiento de las Comunidades Autónomas y sería el punto de arranque para sanear el déficit y la deuda de la Administración Central y de sus organismos autónomos, así como de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal.

Tanto la Administración Central como las autonómicas y locales tendrían que reestructurar y adelgazar el número de sus respectivas empresas públicas, con lo que el déficit y la deuda de las mismas se reduciría drásticamente, sin necesidad de apretar solamente el cinturón de los funcionarios en particular y de los trabajadores en general.

Habría que corregir en las mencionadas administraciones su actual irresponsabilidad fiscal. Esta se manifiesta, como acertadamente expone Alberto Recarte, sobre todo en las Autonomías, pero, también en las entidades locales. Las autonomías se financian en un 80% ó más con los impuestos estatales cedidos total o parcialmente y, paradójicamente, el Estado no ejerce ningún tipo de control sobre el uso de esos recursos financieros cedidos. Las autonomías, continúa Recarte, “han recibido la transferencia de muchas –demasiadas añadiría yo- de las competencias exclusivas del estado, junto con los recursos financieros suficientes para ejercerlas, tal y como preveía la Constitución”, pero el Estado, sin embargo, no ha cumplido su obligación –también exigida por la Constitución, “de controlar la forma en que se ejercen esas competencias”. Si queremos dar una solución positiva a esta crisis es necesario, como afirma el Foro de la Sociedad Civil (Ignacio Camuñas y otros), “combinar austeridad en el gasto público y una seria disciplina fiscal y presupuestaria”, recuperando, añaden, “la profesionalidad y objetividad en la función pública, así como la independencia al servicio de los ciudadanos en todos los niveles”.

Otros planos para lograr la reconstrucción y reconfiguración de España serían:
. La reforma laboral, como uno de los requisitos esenciales para solucionar el mayor problema actual en España, el paro. Los datos de la EPA en cuarto al 4º trimestre en España son alarmantes: 4,7 millones de parados, i. e. 20,3% de la población activa; 1,3 millones de hogares sin ningún tipo de ingresos. Las reformas hechas hasta el momento son insuficientes ya que no han concretado las causas del despido objetivo y no han abordado la flexibilización de la negociación colectiva. A día de hoy España, con ese 20,3%, triplica el paro de Gran Bretaña o Alemania, con el 7%, y duplica el 9% de Italia o el 10% de Francia.
• La reforma de la Ley Electoral, donde los Diputados y Senadores tengan voz propia y no sean mero eco de lo que ordenan sus respectivos secretarios generales y digan solamente lo que a éstos les gusta escuchar;
• un nuevo tratamiento legal a la existencia, financiación y competencia de los Sindicatos, conllevando, anejo, la promulgación de una Ley de Huelga –como exige la Constitución y a día de hoy todavía no se ha hecho-, que clarifique el comportamiento de todos los agentes sociales, tipificando claramente los límites y las consecuencias de su transgresión;
• una Ley de partidos donde se articule la exigencia constitucional de su constitución y funcionamiento democráticos, en vez de seguir rigiéndonos por la actual ley, preconstitucional, de 1976;
• una redistribución donde se vuelva a la primigenia ideal constitucional de la separación real de los tres poderes del Estado y no esta situación actual donde el ejecutivo y el legislativo se confunden reduciéndose al primero (“parlamento domesticado”) y donde el judicial no es independiente del ejecutivo, con lo que la reducción a un solo poder es absoluta.
• una ley consensuada sobre la Educación, donde ésta se recuperase por el Estado y facilitase su aplicación generalizada e igual en todo el territorio nacional.

En fin, éstos y algunos planos más que iremos comentando paulatinamente.